Una jueza impone bozal legal a los medios sobre la denuncia a la esposa de Jorge Lanata
El Juzgado Civil N.º 8 de Buenos Aires dictó una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación difundir cualquier tipo de información relacionada con el periodista Jorge Lanata, su vida privada y su situación familiar.
Esta decisión, solicitada por su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, ha generado controversia en el ámbito periodístico y político por su impacto en la libertad de expresión.
La medida fue tomada en medio de un conflicto judicial entre Marcovecchio y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, quienes denunciaron a la abogada ante la Justicia por apropiarse de objetos de valor y dinero pertenecientes a su padre. Además, las hijas señalaron que Marcovecchio ha afectado la salud del periodista, quien se encuentra internado en la clínica Santa Catalina desde hace varias semanas.
El juzgado estableció que "se prohíbe la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluyendo su imagen, su vida privada, su situación familiar y detalles del proceso judicial en curso". Esta orden aplica para todos los medios de prensa, tanto gráficos como televisivos, radiales y digitales, e incluso incluye la prohibición de publicación en páginas web.
El alcance de la medida se extiende también a Elba Marcovecchio, impidiendo que los medios mencionen su nombre, imagen o cualquier detalle relacionado con el conflicto.
Según el comunicado judicial, la solicitud de Marcovecchio argumenta que tanto ella como su esposo atraviesan un estado de vulnerabilidad, debido a la delicada salud de Lanata y la exposición mediática que ha tenido el conflicto familiar.
Repercusiones y críticas
La decisión del juzgado ha provocado el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de varios dirigentes políticos, quienes consideran que esta medida representa una forma de censura. La diputada Silvana Giudici (PRO) fue una de las voces críticas, resaltando la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
ADEPA, por su parte, emitió un comunicado en el que se manifiesta su preocupación por esta medida judicial, destacando que restringir el trabajo de la prensa afecta el derecho de la sociedad a estar informada. Si bien la jueza argumentó que la intención es proteger la intimidad de las personas involucradas en el conflicto familiar, quienes critican la decisión advierten que podría sentar un precedente peligroso para la cobertura de temas de interés público.
El conflicto familiar de Lanata ha acaparado la atención mediática desde que se conoció la denuncia de sus hijas contra Marcovecchio. Sin embargo, con esta prohibición vigente, se limita la posibilidad de que los medios brinden cobertura sobre el caso o mencionen detalles relacionados con la situación judicial.