La privatización del sector nuclear plantea interrogantes y dudas

  La presentación por parte del Gobierno al congreso de la Ley ómnibus, formalmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, propone la posibilidad de privatizar 41 empresas estatales, entre las cuales se encuentra Nucleoeléctrica S.A (NA-SA), responsable de operar las tres centrales nucleares en Argentina: Atucha I y Atucha II en Lima y Embalse en Córdoba, que generan aproximadamente el 7% de la producción de energía eléctrica del país.

El artículo 8 de la Ley define como “sujeta a privatización” a empresas y sociedades de propiedad estatal, incluyendo a Nucleoeléctrica S.A. y Dioxitek S.A., otra estatal que provee insumos para las centrales nucleares. Por otro lado, los artículos 10 y 11 introducen cambios en la legislación nuclear existente, eliminando ciertas protecciones y derechos del Estado en caso de privatización.

No es la primera vez que se intenta privatizar el sector nuclear, ya que en la década de 1990, se reestructuraron las competencias nucleares creando diferentes entidades, incluyendo Nucleoelectrica. Sin embargo, estos de privatización se enfrentaron a rechazos, como la resistencia de los trabajadores y las complejidades regulatorias tanto a nivel nacional como internacional en materia nuclear.

La privatización sector nuclear plantea interrogantes y dudas, especialmente en lo que respecta a la seguridad por las responsabilidades ante una emergencia o un imprevisto en las centrales nucleares argentinas. Además, Nucleoeléctrica cuenta con un personal capacitado para ello.

La privatización de una empresa estratégica para el país podría acarrear una serie de consecuencias y condiciones para el futuro no sólo energético, sino también la seguridad en las infraestructuras críticas del Estado Nacional.